España presume de cifras sobre el aborto, pero evita responder a las preguntas clave: quién lo hace, cómo se controla y qué ocurre realmente detrás del sistema.
Hay una palabra que en España se ha convertido en un talismán político. Una especie de conjuro moderno que sirve para tranquilizar conciencias, cerrar debates y, sobre todo, evitar preguntas incómodas: transparencia. Se pronuncia y parece que todo está resuelto. Como si el simple hecho de publicar cifras fuese suficiente para disipar cualquier duda.
Pero hay ocasiones (y esta es una de ellas) en las que esa palabra no es más que un decorado. Una escenografía bien iluminada que tapa, precisamente, lo que debería mostrarse. Porque en el sistema de aborto ocurre algo muy concreto: sabemos bastante de lo superficial y casi nada de lo esencial. Y eso no es transparencia.
El sistema ofrece cifras. Muchas cifras. Número de abortos, edad de las mujeres, semanas de gestación en bloques amplios, tipo de intervención. Todo perfectamente ordenado, presentado en informes oficiales, con apariencia de rigor técnico.
Pero hay una trampa. Porque esos datos responden a una única pregunta: ¿CUÁNTOS?
Y evitan cuidadosamente otras mucho más incómodas:
¿quién lo hace exactamente?,
¿en qué centros concretos?,
¿con qué controles verificables?,
¿qué ocurre cuando algo no se cumple?,
¿dónde está el rastro del dinero público?,
¿qué pasa exactamente con los restos humanos?
Ahí, de repente, la claridad desaparece.
El ciudadano paga. El sistema funciona. Los datos se publican. Pero cuando alguien intenta ir un paso más allá y preguntar cómo se gestiona todo esto en detalle, lo que encuentra es un muro de silencio y “transparencia opaca”.
No hay un listado claro, actualizado y verificable de centros que realizan abortos. Cada Comunidad Autónoma tiene sus listados, si es que los tiene. Porque a lo mejor, no los tiene. Alguien me dirá, - “naturalmente que los tienen”-, estupendo, pues ¿Dónde están? ¿Puedes encontrarlos? No sabemos cuántas clínicas abortistas hay en España. Se sabe que de 150 a 200. ¿Y ya está? ¿No hay un listado oficial? Me parece escandaloso y “transparentemente opaco”.
No hay un registro público accesible de inspecciones con resultados centro por centro. ¿Se realizan inspecciones? ¿Hay un plan de inspecciones? Dado que las competencias sanitarias están cedidas a las Autonomías, de haber plan de inspecciones, habrá 17 planes de inspecciones. ¿Dónde están?
No hay trazabilidad económica visible que permita saber cuánto dinero recibe cada clínica, por qué concepto y con qué controles. ¿Dónde podemos encontrar que cobra cada clínica por aborto? ¿Quién acomete el pago? ¿Es pago conjunto del paciente más la administración? ¿O solo es la administración quien paga? ¿Coincide el numero de abortos y el ingreso por ellos a tenor del coste por aborto? ¿Si no coincide, por que no coincide? ¿Otras prácticas? Vale ¿Cuánto cuestan cada una? y ¿Cuáles son esas prácticas?
No hay una cadena clara que permita seguir el destino de los restos biológicos. ¿Cuántos por cada clínica? Medias de Kg de restos biológicos por aborto practicado. Kg totales de restos biológicos. Kilogramos entregados y recepcionados por empresas de destrucción de restos biológicos. Porque los restos biológicos deben ser entregados a empresas especializadas en su destrucción. ¿Cuáles son estas empresas en cada Autonomía? ¿Hay inspección de estas empresas para ver si están cumpliendo con su obligación? ¿Coinciden Kg entregados por las clínicas con Kg recepcionados y destruidos por estas empresas?
Con respecto a todo esto
¿HAY ALGUIEN QUE ESTÉ LEYENDO ESTO Y SEA CAPAZ DE ENCONTRAR ESTOS DATOS EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS? ¿O DEL MINISTERIO DE SANIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL ESPAÑOL?
Lo que hay es otra cosa: fragmentos, informes parciales, datos agregados, respuestas incompletas. Y, sobre todo, una constante: la imposibilidad práctica de verificar prácticamente nada.
Aquí está el núcleo del problema. La transparencia no consiste en publicar datos. Consiste en permitir que el ciudadano compruebe. Si no se puede reconstruir el proceso completo, si no se puede seguir el rastro, si no se pueden identificar actores, controles y resultados, entonces no hay transparencia. Hay una apariencia.
Una transparencia de escaparate. Una transparencia estadística. Una transparencia que informa, pero no permite auditar. Y en ese punto empiezan las sombras.
No sabemos (y esto es lo verdaderamente grave) si todos los procedimientos se ajustan estrictamente a los límites legales. No sabemos si existen prácticas fuera de plazo que no salen a la luz. No sabemos qué ocurre exactamente con los restos biológicos en todos los casos. No sabemos si existe o no algún tipo de utilización de tejidos en circuitos que el ciudadano desconoce.
No lo sabemos. Y no lo sabemos no porque sea imposible saberlo, sino porque no existe una transparencia que lo permita comprobar. Se repite constantemente que todo está regulado. Pero regular no es demostrar. Autorizar no es verificar. Controlar internamente no es rendir cuentas.
La ley establece límites claros. Pero los datos públicos no permiten responder con precisión preguntas básicas: cuántos abortos se realizan exactamente en cada semana concreta, dónde están los casos cercanos al límite legal, cómo se controlan los supuestos posteriores a las veintidós semanas.
Los informes agrupan, simplifican, diluyen. Y en esa dilución desaparece la capacidad de comprobar.
De vez en cuando aparecen noticias, polémicas, hallazgos puntuales que apuntan a posibles irregularidades graves, como la aparición de fetos que superarían los límites legales establecidos. Pero nunca hay continuidad. Nunca hay sistema. Nunca hay trazabilidad completa.
Y eso deja una duda inevitable: ¿se trata de excepciones aisladas o simplemente de lo único que logra escapar a la falta de control visible?
Hay otro aspecto aún más inquietante: el destino de los restos humanos. Existe normativa. Existen protocolos. Existen gestores autorizados. Pero el ciudadano no puede saber qué volumen real se genera, qué tratamiento concreto se aplica en cada caso, qué controles se realizan ni qué ocurre exactamente con los tejidos.
Y en esa falta de luz aparece la sospecha. No la certeza. Pero sí la sospecha. Porque donde no hay transparencia, lo que desaparece no es el problema. Es la confianza.
Sabemos que la mayoría de los procedimientos se realizan en centros privados (en torno al 78% el pasado año 2025). Sabemos que hay financiación pública. Pero no sabemos cuánto recibe cada centro, con qué criterios, con qué controles de calidad vinculados ni con qué evaluación real de resultados.
En cualquier otro ámbito sanitario, esto sería objeto de escrutinio constante.
Aquí, no.
No estamos ante un simple fallo técnico. Estamos ante un modelo muy concreto: publicar lo suficiente para cumplir, fragmentar lo suficiente para dificultar y ocultar lo suficiente para evitar conflicto. No hace falta ninguna conspiración cuando tienes burocracia.
Al final, todo se resume en una sola cuestión: ¿puede el ciudadano comprobar de forma clara, directa y completa qué se está haciendo en su nombre y con su dinero? La respuesta es no.
Puede intuir. Puede sospechar. Puede reconstruir parcialmente. Pero no puede verificar. Y ahí es donde la llamada transparencia revela su verdadera naturaleza.
No estamos ante un sistema completamente opaco, pero tampoco ante uno transparente. Estamos ante algo más sofisticado: un sistema que muestra lo suficiente para parecer claro, pero oculta lo suficiente para impedir ver lo esencial.
Una transparencia que no permite comprobar no es transparencia.
Es una ilusión. Es hacer trampas en el solitario. Es negarle al ciudadano el respeto que merece.
¿QUE TEMEN QUE DESCUBRAMOS?
Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra, Colaborador ENRAIZADOS, Coordinador Plataforma SIEMPREVIDA.ORG