El Defensor del Pueblo acaba de presentar un informe en las Cortes sobre la violencia sexual sufrida por menores que se encuentran en centros de acogida, es decir, menores cuya tutela asume la administración. La conclusión pone los pelos de punta: el 17,6% de ellos sufre violencia sexual.
Es un dato recogido de un estudio de la Universidad de Barcelona referido a una comunidad del norte de España. Podría referirse a Cantabria. Pero probablemente la situación es muy similar en toda España.
Lo que llama la atención del Defensor del Pueblo es que el Estado no sepa con exactitud cuántos niños bajo su tutela han sido víctimas de abusos o explotación sexual. La razón es que no hay protocolos homogéneos en las CCAA y los datos son incompletos y difícilmente comparables. (Una muestra más del carajal autonómico)
Lo llamativo es que esta incapacidad se produce al mismo tiempo que el Estado ha ido ampliando su capacidad de intervenir sobre la familia. El discurso es que los padres son incapaces. El Estado es capaz de proteger mejor. Por eso las retiradas de la patria potestad se han disparado. La administración asume la tutela ante la presunta incapacidad de los padres.
El problema es que el resultado no es mejor. El Estado asume la responsabilidad de la integridad física, psicológica y moral del menor. ¡Y no la cumple! Un 17,6% de ellos sufren violencia sexual. ¡Bajo tutela pública!
Es evidente que los poderes públicos no están cumpliendo con su responsabilidad. No cuidan adecuadamente a los menores, no les ofrecen la estabilidad afectiva y psicológica que necesitan, sus registros y protocolos son incompletos y descoordinados. En definitiva, difícilmente se puede justificar la retirada de la patria potestad cuando no se está en disposición de ofrecer una alternativa mejor para estos menores.
Quizás la institucionalización no debería de ser la solución preferente sino el apoyo a las familias con problemas. De esta manera la administración se apoyaría en una realidad natural, respetaría el principio de subsidiariedad y la biología y probablemente cosecharía un mejor resultado con un menor gasto público.
Porque los padres pueden ser muy malos padres y la familia estar muy desestructurada, pero la fuerza de la sangre puede paliar muchas cosas que las instituciones no pueden inventar. El afecto, la estabilidad y el vínculo personal de una familia es muy difícilmente sustituíble.
Pero además presumir superioridad moral cuando con tutela pública se están produciendo abusos y violencia sexual sobre los menores tutelados es difícilmente asumible.
El duro informe del Defensor del Pueblo describe deficiencias estructurales suficientemente serias como para exigir responsabilidades políticas.
¿Quién responde cuando un menor tutelado es víctima de una agresión sexual que pudo evitarse? ¿Quién responde si existían antecedentes, denuncias ignoradas, protocolos incumplidos o una vigilancia manifiestamente insuficiente?
Si la administración no ha actuado con el celo de un ‘buen padre de familia’ cabe exigir responsabilidad patrimonial al Estado además de responsabilidades penales a los responsables directos del abuso. Pero antes de todo está la responsabilidad moral y político: ¿puedo tener a menores acogidos y permitir que sufran violencia y abuso sexual?
Si la administración toma la decisión dura de arrebatar la patria potestad y/o la tutela a unos padres, debe de ser autoexigente en el cuidado y tutela de ese menor y demostrar que efectivamente puede proteger mejor a ese menor que sus padres biológicos. Desgraciadamente no es así. ¿Está el sistema de protección cumpliendo su promesa de protección? Es la incómoda pregunta que se formula el Defensor del Pueblo.
Gabilondo no sólo recibió los informes críticos sino que visitó ocho centros de diferentes comunidades autónomas: País Vasco, Madrid, Valencia, Cataluña, Murcia y Asturias. Quería conocer de primera mano el funcionamiento y las medidas adoptadas contra la violencia sexual.
Tras las visitas y los informes recomienda homogeneizar el sistema de recogida de datos, reforzar la formación obligatoria de los profesionales y desarrollar recursos especializados para atender a las víctimas.
Pero lo más importante: coordinar en un único espacio la atención judicial, sanitaria, psicológica y social de los menores víctimas. Es decir, afrontar el problema con un enfoque holístico que permita atajar la situación desde todas las ópticas.
Pero lo más llamativo es que el Defensor del Pueblo no se plantee el abuso o exceso de institucionalización cuando tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como las directrices de NNUU sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños parten de que la separación de un menor de su familia debe de ser el último recurso.
La mejora de la burocracia está muy bien. Pero la eliminación de la sospecha sobre la familia sería mucho mejor…
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Un abrazo,
Luis Losada, director de Actuall y todo el equipo
PD. Reenvía este email a los tuyos: ¡un 17,6% de los niños tutelados por el Estado sufren abuso sexual!”
