El pasado 10 de julio el Consejo Interterritorial Nacional de Salud aprobó la segunda edición del pomposo “Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia”. Técnicamente no es ley; no tiene capacidad de imponerse. Pero revela bien claro cuáles son las prioridades del gobierno en materia de eutanasia: más ágiles, menos objeción y vinculadas a la donación de órganos… Da miedito.
Lo más llamativo de este manual de ‘buenas prácticas’ es la propuesta de crear “Unidades Técnicas de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir”. Traducción: verdugos públicos. Se trata de “expertos” que dirigen a sanitarios y administrativos cuando se plantee una eutanasia. Resuelven dudas sobre plazos, registran las solicitudes, realizan un seguimiento y favorecen la comunicación con las comisiones de garantía. Es decir, conoce el protocolo y lo ejecuta, nunca mejor dicho.
La eutanasia, por tanto, no es algo tolerado, sino impulsado por la administración para que sea un servicio prestado con eficacia. La diligencia administrativa con la eutanasia contrasta con la pasividad en materia de cuidados paliativos, que ni están ni se les esperan en muchos centros y comunidades. La prioridad es la muerte. ¿Hay que agilizar camas?
Es verdad que el ‘manual de buenas prácticas’ obliga al médico a informar de alternativas terapéuticas, de los cuidados paliativos y la atención psicológica, los servicios sociales y las prestaciones de dependencia. Pero también señala que las alternativas no son un requisito previo para continuar el trámite de la eutanasia. O sea, alternativas, sí; pero la prioridad es la eutanasia. ¡Tremendo!
En muchas ocasiones la petición de la muerte obedece al dolor, la soledad, la depresión o la sensación de ser una carga. La verdadera libertad se produce cuando hay alternativas reales no nominales. Porque todos sabemos además que un enfermo bien atendido rara vez pide la muerte. Eso sí, es más caro que el jeringazo… ¿Era eso?
El manual de ‘buenas prácticas’ insiste en acortar los plazos y recuerda que los plazos legales son máximos que no deben agotarse. ¿Por qué tanta prisa?
Recomienda que el proceso se complete lo antes posible, especialmente cuando exista riesgo de fallecimiento o de pérdida de capacidad del solicitante. ¿Cuál es el problema de que haya un fallecimiento natural o de que pierda la capacidad? Para el gobierno, hay problema y propone tramitación abreviada, es decir, reducción a 15 días entre la primera y la segunda solicitud. Argumentan que en 2024 un 33% de solicitudes se vieron afectadas por estas circunstancias. ¿Y?, ¿por qué tanta prisa en provocar la muerte?
El gobierno insiste en la “agilidad” de la coordinación y en que los tiempos sean los “mínimos” para que sean compatibles con las garantías establecidas. Las consultas con psiquiatras, psicólogos, neurólogos u otros especialistas no deben de ser una barrera para la eutanasia. ¿Y las garantías? Considerar “barreras” al tratamiento psicológico o a los cuidados paliativos es todo menos garantista. E inquietante cuando hablamos del derecho a la vida…
En cuanto al proceso administrativo, el manual propone la “máxima celeridad”: sustitución del médico responsable de baja o de vacaciones, liberación de ajenas o proporcionar traslados. Eficiencia administrativa al servicio de la muerte…
Objeción de conciencia
¿Y qué pasa con la objeción de conciencia? Spoiler: todo son cortapisas. Formalmente se respeta. Pero sólo formalmente. Porque circunscribe el derecho a la objeción de conciencia exclusivamente a los directamente implicados. Quedan fuera los administrativos, personal asistencial, de acompañamiento, cuidados ordinarios o traslados entre centros. Y todo eso no es moralmente neutro cuando conduce a la eutanasia.
El objetor puede objetar el jeringazo pero debe informar al paciente del procedimiento, comunicar su condición de objetor y derivar a su superior para que le asignen un médico no objetor. Todo para evitar, dicen, “demoras indebidas” u obstáculos a la aplicación de la ley.
En definitiva un pretendido recorte de un derecho fundamental por la vía de un manual administrativo de buenas prácticas. Y recordemos además, que el derecho a la objeción de conciencia protege al profesional sanitario. Pero protege fundamentalmente al enfermo que tiene derecho a ser cuidado y protegido sin que ninguna administración priorice su muerte ni convierta a su médico en un verdugo.
Otra novedad del manual de pésimas prácticas es la figura de la enfermera o enfermero de referencia. Recibe la solicitud y acompaña al paciente en todo el proceso y está presente en el jeringazo hasta el fallecimiento. De esta manera se garantiza la “prestación” con la dotación del personal adecuado. ¿Y por qué no se dedica el mismo esfuerzo a los cuidados paliativos?
Donación de órganos
El colmo del manual perverso es la incorporación de la donación de órganos ligada a la eutanasia. El manual propone informar de la donación sólo si el paciente pregunta por ello. Pero una vez que el paciente ha tomado la decisión de ser eutanasiado y ha sido aprobada por la Comisión de Evaluación, recomienda una actitud proactiva hacia la donación. “Informar de manera sistemática”. Buitres
La supuesta justificación es que la donación exige coordinación, evaluación y planificación. Es cierto que facilita la coordinación, pero los accidentados de tráfico son muchas veces donantes sin que obviamente se haya planificado absolutamente nada.
¿Te imaginas a alguien vulnerable que de repente siente que su muerte puede ser útil para alguien o que no quiere defraudar a su médico o familiares? La información sistemática puede ejercer una presión moral irresistible… y ruin.
El paciente nunca debería percibir que su muerte tiene una utilidad social o sanitaria. Mucho menos que su cuerpo comienza a ser contemplado como posible fuente de órganos antes de que haya fallecido.
Pero lo más importante: mientras que no haya acceso universal a los cuidados paliativos, la eutanasia no será libre. Y si además, es apresurada y condicionada con la donación de órganos la presión es moralmente más reprobable. Y repugnante. Necesitamos equipos domiciliarios, atención psicológica y espiritual, ayudas efectivas a la dependencia y apoyo a los cuidadores.
La muerte no hay que buscarla. Llega sola. Hay que aceptarla, pero no provocarla. Y menos con prisas, vulnerando la conciencia de los profesionales y promoviendo la donación de los órganos.
Lo más increíble es que todo esto se propone después de la eutanasia de Noelia, esa chica de 25 años, violada por una manada, que se trató de suicidar y a la que no se le ofreció atención psicológica ni apoyo social. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo en la que la muerte tiene prioridad sobre la acogida?
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Luis Losada, director de Actuall y todo el equipo
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