El gobierno ‘vende’ la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia como una ley protectora de la infancia. En realidad es una ley que parte de la desconfianza hacia al padre. ¿No deberíamos de desconfiar de una administración que es incapaz de educar a los menores que tiene a su cargo?
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de mayo y ahora está sometido a audiencia pública hasta el 15 de julio. Si quieres, puedes enviar tus comentarios en el siguiente email habilitado para escuchar a los ciudadanos: [email protected]
Te cuento por qué cabe desconfiar del gobierno. La ministra Sira Rego se mostró entusiasta con la reforma porque -argumentaba- “blinda derechos frente a la cultura patriarcal”. Es decir, que el padre imponga normas y marque límites es observado por la redactora del proyecto de ley como “cultura patriarcal”. Una garantía para el desequilibrio emocional, según la psicología…
Rego también afirma que los menores son sujetos de derechos y “no prolongaciones de los adultos”. Correcto. Pero, ¿quién avala sus derechos cuando es menor?, ¿sus padres que son los que más le quieren o el Estado?, ¿quién está más capacitado para decidir por el menor?, ¿quién está más comprometido con ese menor?, ¿acaso la señora ministra se levantó por las noches para revisar al bebé y lo llevó a urgencias de madrugada con la angustia de quien no sabe lo que le pasa a su pequeño?
Todo parte del supuesto de que el padre es un sospechoso en potencia y la madre es una presunta víctima. La familia es una estructura opresora y el gobierno Robinhood llega a liberar a los pequeños de la dictadura patriarcal…. Toda una declaración ideológica que garantiza el fracaso educativo.
Más. Lo más conocido del proyecto de ley es que prohíbe el SAP. No existe. El síndrome de alienación parental no existe. ¿Pero sí existe la manipulación de un menor por uno de sus progenitores contra el otro progenitor? Porque es obvio que eso -lamentablemente- existe. Negarlo no sólo es injusto con el progenitor denigrado, sino que es nefasto para un menor al que se supone que debemos de cuidar y proteger.
Otro de los elementos de la ley es que el menor debe de ser escuchado siempre; no sólo cuando es un ‘menor maduro’, sino en toda ocasión. En principio parece una buena medida. Para velar por su mayor interés, siempre es mejor escucharle. Pero hay varios matices. Si es muy pequeño probablemente no sepa bien lo que realmente quiere o le interesa.. No quiere ir a clase de matemáticas ni comerse la ensalada ni cepillarse los dientes. Pero debe de hacerlo porque es bueno para él.
Por eso, por ejemplo, decidir su custodia por su exclusivo deseo no será siempre la mejor decisión. Porque además, no debe de ponerle en la posición de tener que tomar esa decisión que no le corresponde.
Y desde luego, en todo caso debe de ser ajeno a preguntas capciosas o de ser utilizado por un adulto como argumento judicial. Por eso hacen falta profesionales altamente cualificados y enormes dosis de prudencia. Y la verdad, no estoy seguro de que ni el proyecto ni su aplicación sean tan finos.
Otro de los asuntos controvertidos es la posibilidad de que el menor reciba atención psicológica, social o asesoramiento jurídico con el visto bueno de un solo progenitor. Es verdad que de esa manera se libera el posible bloqueo de uno de los progenitores, pero se le otorga al otro vía libre para un tratamiento que puede tener enormes repercusiones. ¿No es más razonable que en caso de que no haya consenso sea un juez quien dirima la controversia? Un árbitro neutral, regido exclusivamente por el mayor interés del menor y con la asistencia de los peritajes oportunos es la mejor solución para una situación de por sí lamentable para el menor.
Otro punto polémico es la sospecha sobre la custodia compartida. ¿No es obvio en psicología que los menores necesitan un referente mascul,ino y otro femenino para su normal y adecuado desarrollo? Para el gobierno aspira al alma de los niños, no.
El proyecto rechaza la custodia compartida cuando haya “indicios” de que la custodia compartida pueda tener un impacto negativo en la salud física, psíquica o emocional del menor. ¿Un indicio puede ser una mera denuncia aunque después quede archivada?, ¿quién valora ese indicio?, ¿con qué garantías? Si es un juez de familia, es razonable. Si son los servicios sociales, no cuentan con las suficientes garantías.
El problema no es para el progenitor injustamente apartado sino para el menor al que una ley ideologizada le puede convertir en un huérfano legal.
Y todo ello aderezado con una desconfianza hacia la familia y una apuesta por la profesionalización. Es decir, los padres son malos padres, no saben educar, pero nosotros que somos asistentes sociales y expertos en género y familia tenemos mucho más criterio.
El resultado es que la cifra de niños institucionalizados no para de crecer. En parte por esta mentalidad de sospecha hacia la familia. Y en parte porque para las ONGs que gestionan los centros es un negocio espectacular. ¿Cuándo se va a afrontar de una vez la privatización cuasi total de los servicios sociales?
La realidad es que esos onegeros o esos funcionarios no producen un mejor resultado que ese padre imperfecto. La razón es muy sencilla: para el onegero es un trabajo; para el padre es sangre de su sangre. Puede ser un padre muy imperfecto. Seguramente lo sea. Pero es su padre. Y está dispuesto a unos sacrificios que jamás haría un onegero. ¿No será mejor apoyarle en vez de tratar de sustituirle?
¿Se darán cuenta estos totalitarios de que la familia no es una concesión administrativa sino una institución natural?
Esto es lo que nos viene. Pero como te digo, si quieres, puedes escribir al ministerio y mostrarles tu opinión:
Si te pareció interesante, comparte este email con los tuyos. ¡Que todo el mundo se entere de lo que nos viene!
Un abrazo,
Luis Losada, director de Actuall y todo el equipo
PD. No dejes de escribir al gobierno mostrando tu opinión sobre este proyecto de ley que aspira a ROBAR EL ALMA DE LOS NIÑOS…