Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anda de muy mal humor desde hace algunas semanas.
Y es que, tras el descalabro socialista en Extremadura y después de ver nubes negras en los horizontes de Aragón y Castilla y León, teme lo peor.
Esa es la explicación por la cual trata de hacerse el simpático prometiendo resolver el grave problema de la vivienda concediendo jugosos beneficios fiscales a los propietarios que no aumenten los alquileres durante 2026.
El problema de la escasez de viviendas que afecta a una parte considerable de los españoles solamente se explica mediante una conocida ley económica que no es otra más que la ley de la oferta y la demanda.
Expertos en Economía se muestran de acuerdo al afirmar que, cuando la oferta es baja y en cambio elevada la demanda, suben los precios del bien ofrecido.
En cambio, cuando existe abundancia de bienes en oferta superando la demanda de estos, los precios disminuyen.
La ley de la oferta y la demanda es la que se aplica en el caso de la escasez de viviendas.
Ocurre que, al existir pocas viviendas en venta o alquiler y ser muchos quienes desean tener donde vivir, los propietarios se aprovechan de la escasez para elevar de modo desmesurado el precio o alquiler de las mismas.
Y ya no hablemos de quienes tienen dinero y podrían ser promotores de la construcción de viviendas. Con justa razón tienen miedo de que el gobierno los hostilice hasta el extremo de que, por caprichos demagógicos, pierdan los ahorros de toda una vida.
En ambos casos, tanto quienes podrían poner sus pisos en alquiler o finca para vender tienen miedo de que un capricho de Yolanda Díaz o una mentira más de Pedro Sánchez acabe arruinándolos.
Todo mundo sabe que, bajo el actual gobierno socialista, en España tienen más garantías los inquilinos que los propietarios.
Y eso no es todo porque los okupas, esa nueva peste que anda al acecho por todas partes y que cuando despojan de un inmueble a sus propietarios hacen lo que les da la regalada gana e incluso con burlona satisfacción ven como los dueños son obligados a pagarles el agua que consuman y cuanto se les ofrezca.
Esto constituye un atentado gravísimo al derecho de propiedad que, según reconoce el Código Civil, le otorga tres garantías al propietario: Usar, disfrutar y disponer del bien del cual es titular.
Unas garantías que existen desde hace más de veinte siglos puesto que hunden sus raíces en el Derecho Romano, uno de los pilares de la cultura occidental.
El propietario de una vivienda -por el sólo hecho de serlo- puede usarla o sea habitarla, disfrutar de sus comodidades y disponer de ella cuando desee repararla o ponerla en venta.
Esas tres garantías son las que ofrecen una seguridad jurídica no solamente a los propietarios sino en general a toda la sociedad.
Ahora bien, si no solamente se tolera sino que incluso se premia a los okupas, esas garantías desaparecen al verse el propietario reducido a la triste situación de un sujeto que, despojado de lo que es suyo, quedará a merced de implacables despojadores que cuentan con todo el apoyo de las autoridades.
La tolerancia del sistema socialista hacia los okupas significa el principio del fin del derecho de propiedad, un derecho natural inalienable que los comunistas han atacado desde que se pusieron de moda las ideas de Carlos Marx.
Ante tan negro panorama causado por la falta de apoyo a los legítimos propietarios…¿Es posible que aún existan valientes que se animen a poner su piso en alquiler o a construir edificios para ofrecer en venta las viviendas?
Y al escasear las viviendas, o sea al disminuir la oferta de las mismas, los precios de las pocas que existen en el mercado andan por las nubes
La solución ya la adivinan nuestros amigos lectores: Que deje de verse a los propietarios como si fuesen los villanos del drama y que se les den las garantías necesarias para ver si de ese modo, al aumentar la oferta, bajen los precios.
Esa y no otra es la solución; lo demás es demagogia pura y ganas de perder el tiempo.