Una nueva polémica sacude al Ayuntamiento de Llançà y a la jefatura de la Policía Local. Tres usuarios de Instagram y dos de Facebook aseguran haber recibido este viernes mensajes privados del jefe del cuerpo, Òscar Soler, después de publicar comentarios críticos sobre su gestión, el funcionamiento de la Policía Local o la decadencia que, según denuncian, sufre el municipio.
Según la información aportada por las personas afectadas, los cinco usuarios recibieron comunicaciones de contenido prácticamente idéntico. Todos ellos interpretan los mensajes como un intento de intimidarlos y conseguir que eliminen opiniones que resultan incómodas para el responsable policial.
El mensaje está firmado con el nombre y el cargo de Soler, exige retirar inmediatamente el comentario cuestionado, advierte de posibles consecuencias penales y asegura que el caso ya se encuentra en manos de un gabinete jurídico.
El texto enviado a los usuarios dice lo siguiente:
«Estimado/a:
Hola, soy Òscar Soler, jefe de la Policía Local de Llançà.
El espacio de comentarios de un medio de comunicación no exime a nadie de responsabilidad legal ante acusaciones que puedan deshonrar a una persona.
Cuidado con lanzar acusaciones graves de forma pública, ya que pueden constituir un delito de calumnias o de injurias —con penas de multa de entre 3 y 14 meses según determine el juez— y atentan directamente contra la profesionalidad, el honor y la reputación de una persona.
Te pido que retires inmediatamente el comentario que has publicado sobre mi persona, ya que es totalmente falso.
He puesto el caso en manos del gabinete jurídico SICPOL —de jefes y mandos de la Policía de Cataluña—, que ya está preparando una demanda penal contra todo aquel que, mediante comentarios, ensucie mi imagen».
La relevancia del mensaje no reside únicamente en el anuncio de acciones judiciales. Soler se presenta expresamente ante los destinatarios como jefe de la Policía Local de Llançà, una circunstancia que genera dudas entre los usuarios sobre si está actuando exclusivamente como un particular para defender su honor o si está utilizando el peso y la autoridad de su cargo público para presionar a ciudadanos críticos.
En términos jurídicos, anunciar una denuncia o una querella no constituye por sí mismo un delito de amenazas. Sin embargo, los destinatarios sostienen que el tono utilizado, la exigencia de retirar inmediatamente los comentarios y la referencia expresa a su condición de jefe policial y a un gabinete jurídico de mandos tienen un evidente efecto intimidatorio.
Una advertencia jurídica que necesita precisiones
La argumentación incluida en el mensaje también requiere varias precisiones. El Código Penal diferencia claramente entre calumnia e injuria. La calumnia consiste en imputar un delito con conocimiento de su falsedad o con desprecio temerario hacia la verdad. En cuanto a las injurias, solamente tienen consideración delictiva aquellas que sean graves por su naturaleza, efectos y circunstancias.
La multa de entre tres y catorce meses citada por Soler no constituye una horquilla general aplicable indistintamente a calumnias e injurias. El artículo 209 establece multas de seis a catorce meses para las injurias graves realizadas con publicidad y de tres a siete meses cuando no exista publicidad.
Las calumnias difundidas públicamente tienen una regulación diferente. Además, el artículo 210 permite demostrar la veracidad de las imputaciones dirigidas contra funcionarios públicos cuando estén relacionadas con el ejercicio de sus cargos o con la comisión de infracciones administrativas. Así lo recoge el Código Penal publicado por el BOE.
Por tanto, no todos los comentarios críticos o negativos publicados en las redes sociales constituyen automáticamente una calumnia o una injuria. Las opiniones sobre la gestión de un cargo público disponen de una protección especialmente amplia, aunque esta libertad tampoco ampara la imputación consciente de hechos falsos ni los insultos graves completamente desvinculados del interés público.
Una Policía Local con 21 salidas en dos años
La controversia aparece después de una semana especialmente complicada para la imagen de la Policía Local de Llançà. Una investigación publicada inicialmente por Girona Notícies reveló que el cuerpo acumuló 21 bajas, ceses, renuncias o finalizaciones de nombramientos durante 2024 y 2025, según los informes municipales solicitados por ERC.
No se trata únicamente de bajas médicas o ausencias temporales, sino de agentes que dejaron de prestar servicio en el municipio por diferentes motivos laborales o administrativos.
El asunto salió a la luz durante el debate plenario sobre la creación de una unidad canina de la Policía Local, destinada especialmente a la prevención y detección del tráfico de drogas. ERC se abstuvo y reclamó que, antes de incorporar nuevas herramientas policiales, el Ayuntamiento cubra las cinco plazas vacantes y adopte medidas para estabilizar la plantilla.
La propuesta fue aprobada inicialmente con nueve votos favorables y dos abstenciones. El concejal republicano Guillem Cusí advirtió durante el debate de que el principal problema no es la falta de unidades especializadas, sino la elevada rotación de personal y la necesidad de reforzar la estructura básica del cuerpo.
La información superó ampliamente el ámbito local y fue reproducida por numerosos medios digitales de diferentes puntos de España, con publicaciones en cabeceras de Madrid, el País Vasco, San Sebastián, Valencia, Granada, Burgos y otras provincias. La investigación multiplicó así su alcance y abrió fuera de las comarcas gerundenses el debate sobre la situación interna de la Policía Local de Llançà.
Entre otros medios, la información fue reproducida por Madrid Noticias, País Vasco Noticias, San Sebastián 24 Horas, Granada 24 Horas, Valencia 24 Horas y Burgos Digital 24 Horas. La difusión nacional convirtió las 21 salidas y la creación de la unidad canina en una de las informaciones municipales de Llançà con mayor impacto mediático de los últimos meses.
La elevada rotación contrasta, además, con los objetivos que la propia jefatura publica en la página municipal: consolidar una plantilla estable, garantizar la seguridad ciudadana, fomentar la proximidad y afianzar la oficina de denuncias.
La web del Ayuntamiento confirma que las oficinas policiales atienden de lunes a viernes entre las 8.00 y las 15.00 horas, aunque el servicio de seguridad ciudadana se anuncia durante las 24 horas. La estructura y los compromisos del cuerpo pueden consultarse en la página oficial de la Policía Local de Llançà.
Comerciantes que desisten de denunciar
La situación interna del cuerpo coincide con un creciente malestar entre comerciantes, responsables de supermercados y vecinos por los hurtos, los robos y los incidentes registrados durante los últimos meses.
Fuentes comerciales denuncian que algunos establecimientos sufren hurtos de manera reiterada y que, en determinadas ocasiones, no han podido formalizar la denuncia en las dependencias de la Policía Local porque la persona encargada de recogerla no se encontraba disponible.
Según explican los afectados, cuando esto sucede son derivados a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Figueres. El desplazamiento supone aproximadamente 20 kilómetros de ida y otros 20 de vuelta. Algunos comerciantes terminan desistiendo por la pérdida de tiempo que comporta cerrar o abandonar temporalmente el establecimiento.
Esta falta de denuncias acaba distorsionando las estadísticas y alimentando la sensación de impunidad, ya que determinados hechos no quedan formalmente registrados pese a haberse producido.
Los comerciantes sostienen que el problema no se limita al valor de los productos sustraídos. También denuncian la reiteración de los incidentes, el desgaste sufrido por los trabajadores y la sensación de desprotección cuando los mismos individuos regresan a los establecimientos después de haber protagonizado episodios anteriores.
Quejas por la venta nocturna de alcohol
Las críticas también se han extendido a la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas y la legislación comercial. Comerciantes y vecinos denunciaron recientemente la presunta venta de alcohol durante la madrugada en una tienda de alimentación de Llançà.
Según fuentes presentes en el lugar, una patrulla acudió al establecimiento después de un aviso efectuado alrededor de las cuatro de la mañana, pero los agentes permanecieron aproximadamente un minuto antes de marcharse.
No consta públicamente si la Policía Local levantó acta, identificó a los responsables o trasladó los hechos a los servicios municipales competentes. Los denunciantes aseguran que el establecimiento continuó abierto y que la presunta venta de bebidas alcohólicas durante la madrugada no se interrumpió.
La legislación catalana prohíbe vender alcohol para consumir fuera del establecimiento entre las 22.00 y las 8.00 horas, incluso cuando la tienda disponga de autorización para abrir durante la noche.
Calles deterioradas y vecinos accidentados
A la preocupación por la seguridad se suma el deterioro del espacio público. El pasado domingo, un hombre que circulaba en bicicleta sufrió una fuerte caída en la zona de la Gola, quedó inmovilizado en el suelo y tuvo que ser trasladado al hospital.
El accidente se produjo en un punto donde el asfalto presentaba desperfectos y había gravilla suelta. El aviso se recibió a las 19.07 horas y obligó a movilizar una dotación de los Bomberos de Llançà, efectivos de la Policía Local y una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas.
Después de la publicación de las imágenes, numerosos vecinos denunciaron agujeros, grietas, desniveles y aceras deterioradas en diferentes zonas del municipio. Una familia aseguró que cuatro de sus integrantes habían sufrido caídas como consecuencia del mal estado del pavimento.
Este viernes, después de casi tres años de mandato de la alcaldesa Núria Escarpanter y del pacto de gobierno entre Junts y PSC, se han comenzado a tapar algunos agujeros del asfalto.
Los trabajos llegan pocos días después de la publicación de las informaciones y de la oleada de comentarios vecinales. La proximidad temporal no demuestra por sí sola que la actuación municipal sea consecuencia directa de la presión mediática, pero sí evidencia que los desperfectos existían y necesitaban una intervención.
La anterior polémica de Cadaqués
En las redes sociales también han aparecido comentarios que califican al jefe policial de «prepotente» o «déspota», junto con acusaciones relacionadas con su anterior etapa profesional en Cadaqués.
Algunos usuarios afirman que Òscar Soler fue expulsado de la Policía Local de aquel municipio, pero la hemeroteca no permite presentar una expulsión como un hecho acreditado.
En marzo de 2014, diversos medios informaron de que Soler abandonó la jefatura de la Policía Local de Cadaqués después de la difusión de mensajes racistas y vejatorios procedentes de un grupo policial de WhatsApp.
El entonces alcalde, Joan Figueras, explicó que la no renovación de la comisión de servicios se acordó entre las dos partes y que la polémica generada por aquellos mensajes había influido en la decisión.
Soler negó haber escrito las expresiones racistas y vejatorias que se le atribuían, aseguró que las conversaciones habían sido manipuladas y rechazó que su salida fuera una dimisión. Posteriormente regresó a su plaza en la Policía Local de Llançà.
La polémica actual vuelve a situar al mando policial en el centro del debate público. Esta vez, no por unos comentarios internos filtrados, sino por unos mensajes privados dirigidos a ciudadanos que habían cuestionado públicamente su gestión y la situación de una Policía Local sometida a una creciente presión política, vecinal y mediática.