De todos los escándalos de corrupción con los que el PSOE azota a la sociedad española, los dirigentes de ese Partido y los miembros del gobierno se defienden usando, entre otros, este argumento: la presunción de inocencia. Con esta expresión quieren poner en suspenso el juicio condenatorio que la sociedad puede hacer sobre las conductas que se están investigando por parte de la Justicia. Es decir, por los tiempos de instrucción y juicio en la Audiencia Nacional, que los ciudadanos no les juzguemos hasta dentro de siete u ocho años. Naturalmente, su empeño tiene pocos visos de prosperar; al menos entre quienes están vacunados intelectualmente contra el fanatismo.
A fin de cuentas, a nadie se le escapa que el Derecho penal es el último muro de contención contra la inmoralidad y que, para llegar a él, mucho, mucho antes, los autores han tenido que ser íntimamente inmorales y socialmente desvergonzados. Dicho de otra manera, que cuando hoy en día se condena por parte la sociedad a la chusma que nos gobierna, el juicio es oportuno y justo.
Diré algo más. Los ciudadanos tenemos que empezar a pensar que quienes nos gobiernan nos sirven. Y no al revés. Lo cual se traduce en que no debemos tolerar ninguna posición de privilegio en los gobernantes que les ponga a salvo de la ley y, por lo tanto, de las inmoralidades y delitos que puedan cometer. Ninguna sociedad estará preparada para la democracia si no está convencida de algo muy sencillo; a saber, que los “cargos” llevan aparejadas “cargas”, y no, como sucede en España, que los “cargos” sirven para los “descargos”. La democracia es un regalo que la sociedad se da a sí misma y sólo es posible allí donde hay una mayoría de hombres morales. Lo que digo tiene una consecuencia inmediata respecto del principio de presunción de inocencia.
Este principio, efectivamente, protege al ciudadano de la acusación que puede provenir del Estado. Y ello, porque al Estado se le ha cedido el monopolio de la fuerza y, naturalmente, puede que acabe en manos de un político psicópata que use todo ese poder para satisfacer sus intereses y en contra de los ciudadanos. Si caemos en la cuenta de esta situación, enseguida nos daremos cuenta de que la presunción de inocencia no debe proteger a los políticos de la misma manera que lo hace al ciudadano. Y que, cuando es así, la presunción de inocencia se convierte en un privilegio del político para, como estamos viendo, dejar para “más adelante” (o nunca) la asunción de responsabilidades.
Existen razones de política criminal que aconsejan aminorar los requisitos de la presunción de inocencia (o eliminarla) cuando se trata de juzgar a los políticos. Cuando se juzga a organizaciones criminales con enorme poder, efectivamente, la presunción de inocencia deja de desplegar toda su eficacia. Esto lo podemos observar cuando se investigan y juzgan organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, terrorismo, el blanqueo de capitales, etc. Y la razón de ello es evidente: esas organizaciones tienen un poder coactivo y económico que les permite diseñar operaciones criminales de muy difícil persecución. Si gozasen de la cobertura protectora que la presunción de inocencia da al ciudadano común, sencillamente, jamás se las podría perseguir y condenar.
Es más, su capacidad para hacer daño es tanta que en no pocas ocasiones con quien han acabado es con las propias instituciones del Estado. Esto es, muy resumidamente, lo que explican penalistas como Günther Jakobs cuando se refieren al Derecho Penal del enemigo. Pues bien, cuando los criminales se instalan en un Estado: ¡¿Acaso puede haber un entorno más favorable para idear y ejecutar operaciones criminales sin que sean sorprendidos!? ¿¡Acaso cabe pensar un entorno más favorable para atentar contra las instituciones del Estado!? La respuesta es que no. Así que, cuando hablamos de políticos y crimen, las razones que llevan a poner en cuestión la presunción de inocencia con respecto a las bandas organizadas, en el caso de los políticos, digo, aumentan y se intensifican.
Este momento tan trágico y espeluznante que está viviendo la política española puede servir para dos cosas. La primera, es para que el deterioro de la poca democracia que hay en España desaparezca. Esto lo notaremos si, como en la etapa que sucedió a la de Felipe González, los políticos (en aquel momento José María Aznar) deciden que esta situación se resuelve “pasando página”. Si esto es lo que se decide, veremos que los políticos propugnarán reformas que, en realidad, no cambiarán nada. Es decir, las organizaciones más corruptas de España, los partidos políticos, seguirán siendo el ascensor social para los más ineptos, incompetentes e inmorales de nuestra sociedad. La segunda, es que aprendamos de esta situación y, con ello, llevemos el Estado liberal de Derecho al extremo. Para ello basta con la aplicación y desarrollo normativo e institucional de tres ideas:
Reclamando listas abiertas para elegir a los políticos que queramos, sin que nos los impongan desde los Partidos. Esta medida servirá para que los dirigentes de los partidos dejen de usarlos como ascensor social para sus parientes, allegados, amigos y acólitos.
Independencia absoluta del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de la influencia de los Partidos Políticos. El acceso a la carrera Fiscal y Judicial por oposición objetiva. El nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial entre los jueces y por razón de mérito. La eliminación de las Asociaciones de Jueces. La exigencia de anonimato de los Jueces (¡los jueces hablan en sus resoluciones, no en la TV!).
Exijamos rendición de cuentas absoluta a los políticos. Es decir, contra el abuso que ahora se hace de la presunción de inocencia, la falta de explicación clara de una acción u omisión debe ser suficiente para la condena. Los ciudadanos no tenemos que demostrar que un político es culpable de un mal acto; es él quien debe rendir cuentas de su gestión.
Prof. Emilio Eiranova Encinas. Abogado, Doctor en Derecho y Doctor en Economía