¿Quién ha decidido que los pobres no deben nacer?: El gran negocio del aborto químico y el poder de las nuevas élites ideológicas
Durante más de cuarenta años nos han repetido el mismo argumento. Era el gran argumento. El argumento definitivo. Casi incontestable. «Hay que legalizar el aborto porque, si no, las mujeres abortarán en condiciones clandestinas y pondrán en peligro su vida.» Era un razonamiento sencillo. Incluso muchas personas que nunca habrían abortado llegaron a pensar que, al menos, existía una razón sanitaria que justificaba la legalización. El aborto, nos decían, debía realizarse en hospitales o clínicas especializadas, bajo supervisión médica, con protocolos estrictos y con todas las garantías posibles para proteger la salud de la mujer.
Aquel era el discurso. Pero hoy ese discurso ha desaparecido. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué ha cambiado?
Porque ahora las mismas organizaciones que durante décadas afirmaban que el aborto debía practicarse en un centro sanitario son las que promueven que millones de mujeres aborten en su propia casa mediante el envío de dos simples medicamentos: mifepristona y misoprostol.
De la clínica al salón de casa. Del quirófano al buzón. Del hospital al comercio electrónico. Y nadie parece escandalizarse. Al contrario. Se presenta como un avance. Como un derecho. Como una conquista de la mujer. Sin embargo, cualquiera que conserve un mínimo sentido crítico debería formularse una pregunta muy sencilla. Si hace treinta años el problema era que abortar fuera de una clínica resultaba demasiado peligroso para la mujer… ¿Por qué ahora se considera perfectamente aceptable que el proceso se realice prácticamente en soledad, en el domicilio, tras una consulta telemática o incluso después de recibir unos comprimidos enviados por mensajería? No parece una cuestión menor. Porque una de las dos cosas tiene que ser cierta. O el antiguo argumento de la seguridad era mucho menos sólido de lo que nos hicieron creer. O el actual modelo de distribución masiva del aborto químico ha rebajado extraordinariamente las exigencias de seguridad que antes se consideraban imprescindibles.
No estamos hablando de caramelos. Ni de vitaminas. Ni de una simple aspirina. La mifepristona y el misoprostol son medicamentos con efectos farmacológicos muy potentes. Como cualquier otro medicamento de estas características, poseen indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos conocidos y situaciones clínicas en las que requieren valoración médica. La literatura científica describe posibles hemorragias importantes, abortos incompletos, infecciones y la necesidad, en algunos casos, de atención hospitalaria posterior.
Entonces… ¿Por qué se transmite a la sociedad la impresión de que basta con responder unas preguntas por Internet y esperar a que llegue un paquete? La cuestión no consiste únicamente en discutir sobre el aborto. La cuestión consiste en preguntarse si la mujer está siendo realmente acompañada o, por el contrario, está siendo abandonada. Porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas.
Resulta paradójico que quienes durante décadas denunciaban el drama del aborto clandestino parezcan ahora aceptar con absoluta normalidad un modelo en el que una mujer puede atravesar prácticamente sola uno de los momentos más difíciles de su vida. Y aquí aparece otro aspecto extraordinariamente llamativo.
Durante años, el movimiento abortista insistió en que todo debía estar rigurosamente controlado. Clínicas autorizadas. Profesionales especializados. Seguimiento médico. Ahora, sin embargo, el discurso parece haber cambiado.
Lo importante ya no es dónde. Lo importante es que el aborto pueda realizarse. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más accesible, mejor. Y cuanto más barato, mejor. Porque el aborto químico tiene una enorme ventaja desde el punto de vista organizativo. Reduce infraestructuras. Reduce personal. Reduce instalaciones. Y multiplica extraordinariamente la capacidad de distribución. No hace falta abrir cientos de clínicas. Basta con distribuir millones de comprimidos.
Porque ya no estamos únicamente ante una cuestión médica. Estamos ante un gigantesco modelo internacional de distribución. Y cuando aparece un modelo internacional de distribución siempre conviene hacerse la misma pregunta.
¿Quién está detrás?
La inmensa mayoría de los ciudadanos jamás ha oído hablar de DKT International.
Y, sin embargo, constituye una de las organizaciones con mayor capacidad de distribución de productos relacionados con la anticoncepción y el aborto farmacológico en numerosos países del mundo. Especialmente en países con escasos recursos económicos. Precisamente ahí. En los lugares donde las estructuras sanitarias son más débiles. Donde los controles administrativos resultan más limitados. Donde muchas mujeres tienen menos posibilidades de recibir atención médica continuada.
¿No resulta legítimo preguntarse por qué el enorme esfuerzo financiero internacional se dirige precisamente hacia esos países? Porque cuando un continente necesita hospitales, médicos, agua potable, escuelas, electricidad, infraestructuras y empleo, sorprende comprobar que una parte muy importante de la financiación internacional termine concentrándose en políticas destinadas a reducir los nacimientos.
Aquí aparece una cuestión profundamente moral. Durante décadas Occidente decía querer sacar a los pobres de la pobreza.
Hoy, demasiadas veces, parece más interesado en reducir el número de pobres antes incluso de que nazcan. La diferencia no es pequeña. Es enorme. Combatir la pobreza significa crear riqueza. Combatir a los pobres significa impedir que existan. Y ambas cosas pertenecen a universos éticos completamente distintos.
Por supuesto, las organizaciones implicadas sostienen que su objetivo es ampliar el acceso a la salud reproductiva y ofrecer a las mujeres más opciones para decidir sobre su maternidad. Esa es su posición pública y merece ser conocida. Pero precisamente porque ese es su planteamiento resulta aún más necesario abrir un debate que con demasiada frecuencia se intenta cerrar antes de empezar. Porque una democracia madura no debería conformarse nunca con un único relato. Y porque detrás de cada gran movimiento internacional siempre conviene seguir el mismo camino. El camino del dinero. Porque el dinero, casi siempre, termina explicando muchas cosas.
Seguir el dinero
Existe una vieja máxima en el periodismo de investigación: cuando algo resulta difícil de comprender, sigue el rastro del dinero. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí.
Porque detrás del gigantesco despliegue internacional del aborto químico no aparecen únicamente organizaciones sanitarias. Aparece una compleja red de fundaciones privadas, agencias internacionales de cooperación y grandes financiadores que destinan cientos de millones de dólares a programas relacionados con la llamada salud sexual y reproductiva. Entre los financiadores citados por DKT International figuran grandes fundaciones filantrópicas y organismos públicos internacionales.
Y aquí conviene detenerse. No porque financiar una causa sea, por sí mismo, ilegítimo. Cualquier fundación privada tiene derecho a destinar sus recursos a los fines que considere oportunos dentro de la legalidad. La verdadera cuestión es otra. Mucho más profunda. ¿Quién ha decidido que esas enormes fortunas privadas deben orientar la política demográfica del planeta? ¿Quién les ha otorgado semejante autoridad moral?
Porque no estamos hablando de financiar una biblioteca. Ni una campaña de vacunación. Ni la construcción de un hospital. Estamos hablando de influir directamente sobre una de las cuestiones más trascendentales de cualquier sociedad: quién nace y quién deja de nacer. Y esa decisión ya no pertenece únicamente a cada mujer concreta que afronta un embarazo difícil. Pertenece también a quienes diseñan estrategias mundiales, financian campañas, impulsan cambios legislativos, sostienen redes internacionales y promueven un determinado modelo cultural.
Es aquí donde la pregunta deja de ser médica para convertirse en filosófica. Y también política. Porque cuando unas pocas fundaciones privadas poseen capacidad suficiente para influir sobre gobiernos, organismos internacionales, universidades, sistemas sanitarios y programas de cooperación, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse hasta dónde llega realmente ese poder.
No hace falta creer en conspiraciones. Basta con observar los hechos. El dinero genera influencia. La influencia genera decisiones. Y las decisiones terminan modificando la vida de millones de personas.
¿Quién ha decidido que los pobres sobran?
Hay una pregunta que llevo tiempo haciéndome. Y confieso que nadie ha conseguido responderla de forma convincente.
¿Por qué cuando se habla de los países más pobres del mundo la solución que con tanta frecuencia se propone consiste en reducir el número de hijos?
¿Por qué nunca escuchamos el mismo entusiasmo para hablar de libertad económica, seguridad jurídica, lucha contra la corrupción, acceso al crédito, industrialización, infraestructuras o creación de empleo?
¿Por qué parece mucho más sencillo enviar millones de comprimidos que levantar miles de escuelas? ¿Por qué resulta aparentemente más urgente reducir nacimientos que aumentar oportunidades?
No puedo evitar pensar que algo profundamente equivocado se ha instalado en una parte de las élites occidentales. Como si el verdadero problema de África, de Hispanoamérica o de determinadas regiones de Asia no fuera la miseria, sino las personas. Como si la pobreza pudiera combatirse evitando que nazcan los pobres.
Ese razonamiento, presentado con palabras elegantes y envuelto en informes impecablemente editados, me produce una enorme inquietud. Porque, despojado de toda la terminología técnica, termina transmitiendo una idea extraordinariamente simple. Hay vidas cuya llegada al mundo parece considerarse un inconveniente. Y eso obliga a recordar una de las lecciones más dolorosas de la historia del siglo XX. Cada vez que una sociedad comienza a clasificar qué vidas resultan más útiles, más rentables o más convenientes que otras, acaba caminando por un terreno extraordinariamente peligroso.
No afirmo que todos quienes financian estas políticas compartan la misma visión ni atribuyo intenciones personales que desconozco. Pero sí sostengo que el resultado objetivo merece una reflexión ética muy seria. Porque cuando las principales inversiones destinadas a determinados países se concentran en limitar nacimientos y no en multiplicar oportunidades, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse si esa estrategia responde únicamente a razones sanitarias o si incorpora también una determinada concepción del ser humano y del desarrollo.
¿Están jugando a ser Dios?
Y llegamos, quizá, a la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién es Phil Harvey? ¿Quién es Bill Gates? ¿Quién dirige la Fundación Hewlett? ¿Quién dirige la Fundación Packard? ¿Quiénes son, en definitiva, quienes disponen de miles de millones de dólares para influir sobre el futuro demográfico del mundo?
Me voy a pasar a APPLE. Me convence más.
No les ha elegido ningún parlamento. No representan democráticamente a las madres africanas. No responden ante los ciudadanos europeos. No han recibido mandato alguno de las familias latinoamericanas. Y, sin embargo, poseen una capacidad de influencia infinitamente superior a la de muchos gobiernos.
No digo que actúen movidos por la maldad. No digo que exista una conspiración universal. Lo que digo es algo mucho más sencillo. Cuando un reducido grupo de personas acumula suficiente poder económico para orientar políticas que afectan al nacimiento de millones de seres humanos, la sociedad tiene no sólo el derecho, sino el deber, de preguntar. Preguntar quién decide. Preguntar con qué legitimidad. Preguntar bajo qué principios éticos. Y preguntar quién controla a quienes pretenden influir sobre decisiones tan trascendentales.
Porque existe una diferencia enorme entre ayudar a los pobres y decidir cuántos pobres deberían nacer. La primera actitud es solidaridad. La segunda, cuando menos, merece un profundo debate moral. Como creyente, no puedo evitar hacerme una última pregunta. ¿No existe el riesgo de que algunas élites económicas hayan terminado atribuyéndose un papel que ninguna fortuna debería asumir jamás? El de decidir, desde la comodidad de un despacho occidental, qué vidas son suficientemente valiosas para venir al mundo y cuáles sería preferible que nunca llegaran a existir.
Y una sociedad que deja de hacerse preguntas incómodas termina aceptando como inevitables decisiones que jamás deberían dejar de discutirse. Porque la verdadera grandeza de una civilización no se mide por el número de laboratorios que posee. Ni por el tamaño de sus fundaciones. Ni por la influencia de sus multimillonarios. Se mide por la manera en que protege a quienes no tienen voz. Y nadie tiene menos voz que un niño que aún no ha nacido.
Ahí comienza la verdadera defensa de los derechos humanos. Y ahí, precisamente ahí, comienza también nuestra responsabilidad.
EPÍLOGO
La verdadera batalla no es política. Es antropológica.
Si alguien hubiera dicho hace treinta años que el aborto terminaría convirtiéndose en un producto distribuido por Internet, muchos lo habrían considerado una exageración. Si alguien hubiera afirmado que millones de mujeres podrían recibir medicamentos abortivos en sus domicilios tras responder a un cuestionario telemático, probablemente habría sido tachado de alarmista.
Y, sin embargo, esa realidad está ya (y estalla) entre nosotros. No porque la ciencia haya descubierto algo nuevo sobre el ser humano. No porque el embrión haya dejado de pertenecer a la especie humana. No porque la biología haya cambiado. La biología sigue diciendo exactamente lo mismo que decía hace cincuenta años. Desde la fecundación existe un nuevo individuo de la especie humana, con un patrimonio genético propio, distinto del de su padre y del de su madre.
Lo que ha cambiado no es la ciencia. Lo que ha cambiado es nuestra manera de mirar a ese ser humano. Cuando una sociedad deja de preguntarse quién es el niño y comienza únicamente a preguntarse qué desea el adulto, el centro moral se desplaza. Y ese desplazamiento tiene consecuencias.
Porque una cultura que pierde el respeto por la vida más débil termina perdiendo, tarde o temprano, el respeto por cualquier otra vida. La historia nos lo ha enseñado demasiadas veces. Siempre empieza igual. Primero se cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde cambian las conciencias. Y, finalmente, acaba cambiando la propia civilización.
Por eso esta discusión no trata únicamente del aborto. Ni siquiera trata exclusivamente del aborto químico. Trata de la imagen que el ser humano tiene de sí mismo. Trata de decidir si la dignidad depende de la utilidad. Si el derecho a vivir depende de la voluntad de otro. Si el más fuerte puede disponer del más débil. O si, por el contrario, existen derechos que ningún Parlamento, ningún Gobierno, ninguna fundación privada y ninguna mayoría pueden conceder ni retirar porque pertenecen a la propia naturaleza humana.
Ésa es la cuestión.
Y precisamente por eso sorprende comprobar que el debate público se concentre casi siempre en los aspectos técnicos. En las semanas de gestación. En los protocolos. En los plazos. En las autorizaciones. En la financiación.
Todo eso es importante. Pero no es lo esencial. Lo esencial sigue siendo una pregunta extraordinariamente sencilla. ¿Quién era ese niño? Porque si era uno de nosotros, toda la discusión cambia. Y si no era uno de nosotros, entonces también deberían explicarnos en qué momento dejó de ser un conjunto de células para convertirse en un ser humano con derechos.
Esa respuesta todavía nadie ha conseguido darla de forma científicamente objetiva. La ciencia describe procesos biológicos. No concede dignidad. La dignidad pertenece al terreno de la ética y de la filosofía. Y ahí es donde cada sociedad termina revelando quién es realmente.
No nos engañemos. Las grandes transformaciones culturales nunca empiezan con un decreto. Empiezan cuando dejamos de hacernos preguntas. Cuando aceptamos que determinadas palabras sustituyan a la realidad.
Cuando dejamos de llamar hijo al hijo. Madre a la madre. Vida a la vida. Y muerte a la muerte.
Por eso esta batalla es, sobre todo, cultural. No basta con cambiar leyes. Las leyes cambian cuando antes han cambiado las conciencias. No basta con ganar debates parlamentarios. Hay que ganar primero el corazón de las personas. Hay que acompañar de verdad a las mujeres que viven un embarazo inesperado. Hay que ofrecer alternativas reales. Hay que construir redes de solidaridad. Hay que demostrar con hechos que defender al niño significa también defender a su madre.
Porque una sociedad verdaderamente humana nunca obliga a elegir entre ambos. Y ése debería ser el gran objetivo de quienes creemos en la dignidad de toda vida humana. No responder al negocio con otro negocio. No responder a la propaganda con otra propaganda. Responder con verdad. Con ciencia. Con compasión. Con cercanía. Con ayuda concreta. Y, sobre todo, con esperanza.
Porque ninguna civilización se destruye únicamente por la maldad de unos pocos. Se destruye cuando los demás dejan de reaccionar. Todavía estamos a tiempo. Todavía podemos construir una cultura en la que ningún niño sea considerado un estorbo. En la que ninguna mujer tenga que afrontar sola el drama de un embarazo difícil. En la que la solidaridad sustituya al descarte. Y en la que el progreso vuelva a medirse por la capacidad de proteger a los más débiles, no por la eficacia con la que aprendemos a eliminarlos.
Esa es, en el fondo, la verdadera batalla de nuestro tiempo. Y merece la pena librarla. Porque una sociedad que deja de defender la vida termina, tarde o temprano, dejando de defender al propio ser humano.
ESTAMOS LLEGANDO AL FONDO DEL ABISMO, Y NOS DA IGUAL. (PARA LO QUE NOS QUEDA EN EL CONVENTO...)
Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra, Colaborador de Enraizados. Coordinador Plataforma SiempreVida.org