DENUNCIA PÚBLICA:
El periódico del ámbito universitario vasco, CAMPUSA Noticias de la Universidad del País Vasco, que ha publicado el artículo titulado: “Abortos financiados públicamente, pero realizados en clínicas privadas: la paradoja del derecho en Euskadi”, pretende presentarse como sorprendido ante una realidad que no sólo no es nueva, sino que es perfectamente conocida por cualquiera que haya querido mirar los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
La supuesta “paradoja” no es tal. Lo que existe es una hipocresía política perfectamente asumida, y una mirada deliberadamente miope que se limita al País Vasco (en el caso de CAMPUSA), como si el resto de España no existiera o no mereciera atención. O peor aún: como si no fueran españoles.
El País Vasco no es una excepción. El País Vasco es la norma. El País Vasco es España.
En 2024, los abortos‑eugenésicos financiados con fondos públicos y realizados en centros privados constituyen la inmensa mayoría en casi todas las Comunidades Autónomas. Los datos oficiales son claros y demoledores:
Andalucía: más del 99 % de los abortos‑eugenésicos se realizan en clínicas privadas.
Comunidad de Madrid: más del 99 % en centros privados.
Murcia: más del 99 % en centros privados.
Asturias: en torno al 98 % en centros privados.
Aragón: más del 97 % en centros privados.
Extremadura, Ceuta y Melilla: 100 % de abortos‑eugenésicos derivados a la privada.
País Vasco: más del 95 % en clínicas privadas.
Solo en comunidades como Navarra, La Rioja, Baleares o Cataluña se registra un mayor número de abortos‑eugenésicos en hospitales públicos, y ello no por razones sanitarias, sino por una mayor concentración de médicos abiertamente Proaborto-Promuerte dentro del sistema público. Aun así, incluso en esos territorios subsisten clínicas privadas concertadas, sostenidas con dinero público. El negocio nunca desaparece.
Por tanto, resulta intelectualmente deshonesto (y políticamente irresponsable) fingir sorpresa desde Euskadi. O no se han hecho los deberes periodísticos más elementales, o simplemente el resto de España no importa. Ambas opciones son posibles e inaceptables.
El aborto‑eugenésico se externaliza porque necesita opacidad, rapidez y ausencia de control social. Un hospital público ordinario, con profesionales que conservan conciencia moral, resulta incómodo. Por eso se deriva a clínicas privadas, convertidas en auténticos mataderos legales de seres humanos no nacidos, pagados con dinero de todos.
Y aquí se sitúa el verdadero campo de batalla actual: la objeción de conciencia.
Las fuerzas Proeugenesia – Promuerte han identificado correctamente a su enemigo principal. No es la clínica privada. No es el coste económico. Es la conciencia del sanitario.
La objeción de conciencia impide convertir a médicos y enfermeras en ejecutores automáticos de la ideología de muerte. Por eso se la ataca. Por eso se la ridiculiza. Por eso se la quiere vaciar de contenido mediante leyes, protocolos y presiones administrativas.
Estamos ante un ataque directo a la libertad individual que, de prosperar, tendrá consecuencias de proporciones imprevisibles. La eliminación de la objeción de conciencia no nos acerca a una democracia madura, sino a un modelo de imposición ideológica propio de regímenes de inspiración comunista, donde el Estado decide lo que es moralmente obligatorio y castiga al disidente.
A todo ello se añade un escándalo democrático mayúsculo: los abortos‑eugenésicos se financian también con el dinero de quienes defendemos la vida. Se obliga a pagar a ciudadanos que consideran este procedimiento una injusticia radical, una violencia contra el más débil y una regresión civilizatoria.
El aborto‑eugenésico no es un servicio esencial del Estado. No es defensa nacional. No es educación. No es sanidad auténtica. No salva vidas. No cura enfermedades. Es una moda macabra, ideológica que ha convencido a las mujeres y a sus mariachis que el aborto-eugenésico es un derecho fundamental, y que es sostenida artificialmente mediante dinero público y propaganda para imponer a la sociedad una ideologia autoritaria, excluyente y obligatoria denominada “progresismo”.
Por ello, se formula una propuesta clara, justa y verdaderamente democrática:
Quienes defienden la eugenesia y la muerte deben asumir íntegramente su coste. Que los abortos‑eugenésicos sean financiados exclusivamente por quienes los promueven y justifican. Asociaciones, clínicas y militantes Proeugenesia – Promuerte. No por la sociedad en su conjunto.
Desde esta denuncia pública se establece con absoluta claridad quiénes son las víctimas:
Primera víctima: el no nacido, asesinado legalmente mediante el aborto‑eugenésico.
Segunda víctima: la mujer, empujada por un sistema ideológico y económico que la conduce, como ganado, al matadero de sus propios hijos.
La mujer no será considerada culpable. No debe recaer sobre ella el peso penal.
La responsabilidad jurídica, penal, administrativa y patrimonial debe recaer sobre todos aquellos que se lucran (económica o políticamente) con el aborto‑eugenésico: clínicas, intermediarios, responsables políticos, legisladores y propagandistas.
No irán a la cárcel las mujeres, irán quienes las empujan, irán quienes cobran, irán quienes legislan para matar.
Por todo ello EXIGIMOS-EXIGIREMOS la aprobación de forma inequívoca, en contra de todo lo establecido actualmente, de una LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA VIDA que garantice la protección jurídica efectiva de la vida humana desde la fecundación hasta el nacimiento, blinde la objeción de conciencia y ponga fin a la financiación pública del aborto‑eugenésico.
Y para ser exhaustivos también EXIGIMOS-EXIGIREMOS la reforma integral de la farragosa, escasa e inútil LEY INTEGRAL DE LA ADOPCIÓN en España.
Vamos a ver si CAMPUSA se digna publicar este artículo. No va por él, pero ha sido el detonante. Lo que si les digo a CAMPUSA, y a todos es:
ESTA ES UNA DENUNCIA. NO ES UNA AMENAZA. PERO TAMBIÉN ES UN AVISO PARA NAVEGANTES.
Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra, Colaborador de Enraizados