El marxismo, en todas sus vertientes, es un claro y permanente enemigo de la religión Católica. Su conexión, cuando no su integración, con la masonería le sitúa, sin duda alguna, en la posición de enemigo acérrimo del Catolicismo, es más, su objetivo es aniquilarlo, hacerlo desaparecer.
Para aclarar esa estrecha unión entre el marxismo y la masonería, recomiendo la lectura de la Encíclica “Humanum genus” del Papa Leon XIII. Aunque data de 1884, ayuda mucho a comprender cuales son los objetivos que persiguen los masones.
No hace mucho, en la Segunda República, mataban a los obispos, a los curas, a las monjas y quemaban iglesias, conventos y todo tipo de inmuebles religiosos. también fusilaron a cualquiera que se significara como católico. Sí, eso ocurría en ese periodo de la historia de España que el marxismo ha pretendido dibujarlo como una etapa idílica de paz y libertad.
Ahora, no matan a los religiosos, de momento, hay leyes que protegen sus vidas. Lo que hacen, con un estilo masónico-marxista, es atacar continuamente a los católicos y a sus instituciones, conculcando todas las leyes que defienden nuestros derechos.
Empecemos por el trágico descarrilamiento de Adamuz que se ha cobrado 45 vidas y un extenso número de heridos. Las autoridades no permitieron el paso al recinto del siniestro a los sacerdotes que se desplazaron hasta allí para suministrar los últimos sacramentos a las víctimas. Además de ser un derecho constitucional consagrado en el art. 16, jamás se había denegado el acceso de los sacerdotes a una zona de accidente para socorrer espiritualmente a las víctimas, más bien al contrario, se les avisaba para ejercer esa labor espiritual a la que las víctimas tienen derecho.
El Obispo de Córdoba, muy prudentemente, ha achacado a esos momentos de “confusión” la prohibición a los sacerdotes de acceder al lugar del accidente. Gracias a Dios, España sigue siendo un país mayoritariamente católico por lo que las autoridades tienen la obligación de respetar nuestros derechos y facilitar el auxilio espiritual de las víctimas de un accidente.
Este gobierno, claramente, es enemigo del catolicismo y, siempre que se presenta la ocasión ataca a la Iglesia. Desde la pandemia se ha pretendido sustituir el funeral por las víctimas por una celebración masónica. Lo hizo con el Covid y con la Dana, sin evitar que se oficiaran funerales en las iglesias.
En esta ocasión, anunció un funeral de estado. De estado será, pero funeral no. El funeral es una celebración religiosa en la que se oficia una misa para rezar por las almas de los difuntos y encomendarlas a Dios. No parece que eso se haga en ese rito civil con tufo masónico.
Ha sido el pueblo, ante la inacción de los políticos, quien ha rechazado ese acto que nada tiene que ver con sus creencias y que no está dispuesto a que el gobierno lave sus culpas en un acto público. Viendo las orejas al lobo, el gobierno suspendió el acto.
Sí, se celebró el funeral en Huelva, oficiado por el Obispo. Aunque estaba previsto hacerlo en la Catedral, finalmente se habilitó otro espacio previendo el gran número de personas que asistieron. No asistió el presidente del gobierno. La Conferencia Episcopal podría (no sé si lo hará) publicar una nota comentando la falta de respeto del presidente hacia las víctimas y los católicos que supone su ausencia, sobre todo cuando el día del funeral no tenía agenda
Hemos conocido, recientemente, el documento firmado por el Cardenal Arzobispo de Madrid y el ministro Félix Bolaños, en marzo del año 2025, en relación con lo que llaman la “resignificación” del Valle de los Caídos.
Independientemente de si el Cardenal Cobo tiene o no competencia para suscribir ese documento por tratarse de una basílica y, por tanto, competencia exclusiva del Vaticano, no entiendo cómo se aviene a suscribir un acuerdo que -como era de esperar- está siendo el punto de apoyo para que el gobierno inicie la “resignificación”.
El acuerdo permite que se realicen obras dentro de la Basílica, pero además está redactado en unos términos tan imprecisos que no se sabe bien cuántos espacios puede utilizar el gobierno para convertir un lugar sagrado en un recinto que se utilizará para nada bueno, seguro. En cualquier caso, este documento no respeta la inviolabilidad de los templos católicos.
Tampoco podemos olvidar cómo la jerarquía admitió la exhumación de los restos de Franco, permitiendo la profanación de un recinto sagrado como es la Basílica. Igualmente se plegó a las exigencias del gobierno cuando destituyó al Abad, padre Cantera, y lo envió a otro monasterio benedictino.
Entiendo que la jerarquía eclesiástica debe mantener buenas relaciones con el gobierno, pero me parece injustificable que se firme un acuerdo en esos términos y, mucho menos, con los que quieren destruir la religión católica.
También, hace poco tiempo, la Conferencia Episcopal, ha firmado un acuerdo con el gobierno para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales.
El porcentaje de los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, varía algo según la fuente consultada, pero en todos los casos representa menos de 1% del total de los casos registrados en todos los ámbitos (Fuente: La pederastia en la Iglesia y en la sociedad. Josep Miró i Ardévol).
No entiendo cómo, nuevamente, La Conferencia Episcopal, se presta a ese juego con el gobierno, sabiendo que el objetivo que persigue es que la sociedad piense que la Iglesia es la única culpable de la pederastia.
Comprendo que las relaciones Iglesia-Estado no siempre son fáciles, mucho menos cuando en el gobierno están los enemigos de la Iglesia. No obstante, echo mucho de menos una postura mucho más firme y menos colaboracionista de la jerarquía eclesiástica ante asuntos como los que he tratado en este escrito.
Jose Ignacio Echegaray, Colaborador de Enraizados