El gobierno ha aprobado un decreto para garantizar la sanidad universal, también de los inmigrantes irregulares. Basta con tener un padrón para obtener la tarjeta sanitaria, que además, servirá a su vez para justificar el arraigo…
La ministra Mónica García defiende que se trata de “justicia” y afirma que “sólo podemos cuidarnos si lo hacemos como sociedad”.
Desde el PP se censura que se premie la irregularidad y desde Vox se insiste en que los ilegales deben ser deportados. “Que la ilegalidad tenga derechos no es razonable”, dicen los populares.
En esta polémica confluyen varios elementos. Uno es la solidaridad. ¿Podemos mirar para otro lado mientras un vecino está sufriendo?, ¿dejamos que se muera sin más simplemente porque no tiene papeles? No. Hay que atender la urgencia. No podemos mirar para otro lado cuando un ‘hermano’ está muriendo a nuestro lado. Pero una cosa son las urgencias y otra la atención sanitaria general a quien está entre nosotros habiendo incumplido las normas. El incumplimiento no puede tener premio.
Por supuesto, está la cuestión económica. En 2012 cuando se excluyó a los irregulares de la atención sanitaria se calculó en 700.000 los beneficiarios con un impacto de 917 millones de euros, cerca de un 1,5% del gasto total situado en los 70.000 millones de euros. Hoy la cifra de irregulares está absolutamente disparada por lo que la cifra podría fácilmente ser el doble, casi 2000 millones de euros, una cifra significativa.
Por otro lado, se argumenta que no atender a los ilegales puede suponer un riesgo para la salud pública. El argumento es el inverso: ¿por qué permitimos que permanezcan en España quien puede suponer un problema de salud pública?
Pero lo más relevante es el efecto llamada. Si la regularización masiva ya ha despertado el apetito de venir a un país que pone alfombra roja al ilegal, la noticia de que tendrá sanidad con estándares europeos gratuita es más que un caramelo. Es un señor incentivo para el turismo sanitario de africanos e hispanos. Ya son 10 millones de origen extranjero y el boca-oído ha empezado a funcionar. ¿Quien no tiene un tío o un abuelo con algún tipo de dolencia que no se opera por falta de recursos? ¡Vente a España que aquí es gratis!
La irresponsabilidad es máxima porque el sistema sanitario ya está más que tensionado. Meter más tensión en el sistema es reventarlo. ¿Es lo que se pretende?
La solidaridad está genial. El buenismo es estupendo. Donde caben tres, caben cuatro. ¿Y cinco?, ¿cuál es el límite? Cuando el autobús está completo no se puede meter a uno más. Es una faena para el que se queda en tierra, pero la alternativa es la asfixia del resto. En Sanidad pasa lo mismo. El sistema ya está completo. Meter más pacientes que no nos corresponden es dañar al resto no es ser un buen samaritano sino un político irresponsable.
Si lo que se pretende es el reemplazo poblacional, la sanidad universal es probablemente una de las mejores decisiones posibles junto con la regularización masiva y la llamada Ley de Abuelos.
¿Hacemos las maletas o peleamos por defender la verdadera España?
Que tengas un excelente sábado. Un abrazo,
Luis Losada, director de Actuall y todo el equipo
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